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Tras luchar judicialmente y argumentar las duras condiciones de un “confinamiento solitario” de más de 6 años, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba abandonó la penitenciaría Thomson en Illinois el pasado 3 de julio.
El juez Rollando Olvera de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sentenció a Yarrington en marzo del 2023 a 108 meses (9 años) por delitos de lavado de dinero. En la ficha inicial que el exfuncionario tiene en el buró de prisiones decía que abandonaría la prisión en diciembre del 2025 al tomarse como crédito el tiempo desde que fue detenido.
El mismo Olvera modificó en enero de este año la sentencia y la nueva fecha se programó para el sábado 9 de noviembre del 2024.
Pero una vez más, el exgobernador tamaulipeco le ganó cuatro meses a esa modificación. ahora, de esos 108 meses iniciales sólo cumplió 87.
Aunque su salida temprana de una cárcel estadounidense puede significar un triunfo para su causa, Yarrington aún deberá enfrentar a la justicia mexicana que el 22 de diciembre pasado le rechazó cancelar una orden de aprehensión vigente por un presunto lavado de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, usados para la compra de inmuebles tanto en México como en Estados Unidos.
Empero, se ignora su paradero y si fue entregado a las autoridades mexicanas, aún está bajo custodia de un cuerpo policial menor o fue dejado en libertad.
Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y el 2004, fue acusado en la corte de Brownsville junto al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, de conspirar en una empresa criminal continua para actos ilegales como la importación y distribución de cocaína y marihuana, lavado de dinero, fraude bancario, y conspiración para mentir a una institución financiera.
Sin embargo, al aceptar su culpa casi todos los cargos le fueron desestimados salvo el de lavado de dinero.
Tras ser prófugo de la justicia desde agosto del 2012, y ser rastreado por la interpol en 150 países, finalmente Yarrington fue arrestado en Florencia, Italia, el 9 de abril de 2017, cuando viajaba con nombre y pasaporte falsos.
Aunque luchó contra su extradición, las autoridades italianas lo enviaron a Estados Unidos en abril del 2018, donde permaneció en custodia y tratando de desestimar infructuosamente los cargos de su dictamen.
El gobierno estadounidense estipuló que los fondos lavados por el exfuncionario mexicano oscilaban entre los 3.5 y los 9.5 millones de dólares, cantidades que habría depositado en instituciones bancarias entre septiembre del 2005 y diciembre del 2012.