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Colectivos dedicados a la búsqueda de desaparecidos y especialistas en derechos humanos advirtieron que la reforma al poder judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador deja afuera la problemática que enfrenta el país en materia de desaparición de personas.
Durante una sesión informativa sobre la reforma judicial, convocada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, la Glorieta de las y los Desaparecidos y Familiares en Búsqueda María Herrera, advirtieron que el principal problema que enfrentan está en las fiscalías y en las policías, las cuales no forman parte de la modificación constitucional.
Yoltzi Martínez, integrante del Colectivo Alerta Temprana Red, advirtió que los amparos por omisiones de las fiscalías o la falta de actuación de la Comisión de Búsqueda o la Comisión de Atención de Victimas, se retrasarían a partir de la reforma, además de que la elección popular de jueces se politizaría.
“No es cuestión de privilegios, los que todavía están ciegos al presidente dicen que son los jueces; hay menos corrupción en el poder (judicial) que, en las fiscalías, y a las fiscalías no las quieren tocar”, afirmó.
En tanto, Diana Iris García, integrante de otro colectivo dedicado a la búsqueda de desaparecidos, criticó que el tema de la investigación de estos casos no sea tomado en cuenta.
“El problema de los casos de desaparición forzada es que no hay investigación, y ni siquiera los casos llegan a ser judicializados”, indicó.
En el mismo sentido, Luis Tapia, abogado especialista en derechos humanos sostuvo que la reforma puede aumentar el rezago en la atención de los casos de desaparición y que distraerá a los jueces que ahora deberán hacer campaña.
Por su parte, Ivette Galván, abogada del Centro Prodh, destacó la necesidad de impulsar una reforma al sistema de justicia y especialmente en la parte que corresponde al tema de la desaparición de personas.
Mencionó que, de enero de 2010 a noviembre de 2021, se obtuvieron 11 sentencias a nivel federal relacionadas con la desaparición de personas y 36 en todo el país, por lo que organizaciones internacionales señalan que en este delito se comete el “crimen perfecto” en México.