En el país, jueces, ministros y magistrados siguen emitiendo fallos que propician la impunidad y favorecen a delincuentes organizados y de cuello blanco, por eso se requiere la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente de la República, afirmó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Al participar a distancia, a través de un mensaje en video proyectado en el noveno foro de diálogo de la reforma, organizado por el Poder Legislativo, Rodríguez Velázquez volvió a acusar a los juzgadores de seguir dictando la libertad de delincuentes organizados y otros infractores como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para evitar que se ejerza acción penal en su contra.
En descargo de las acciones en la actual administración, dijo que la coordinación con Fuerzas Armadas y otras instituciones federales y locales, ha permitido capturar a 7 mil 992 objetivos criminales generadores de violencia y personas vinculada a la delincuencia organizada.
Pero esos alcances se desvanecen, cuando jueces otorgan liberaciones por amparos y por deficiencias en las investigaciones y por “meros formalismos”.
“Hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad, afecta gravemente la seguridad nacional” y a las víctimas”, remarcó.
“Sabadazos”
Al insistir en que juzgadores solapan a delincuentes, la responsable de la política de seguridad retomó el discurso del Presidente de la República contra resoluciones del Poder Judicial.
“Que evidencian impunidad solapada por juzgadores quienes además aplican el clásico sabadazo. Por ejemplo, Abraham Oseguera, ‘Don Rodo’, hermano de ‘El Mencho’, que fue liberado porque un juez estimó poco creíble que una persona de 70 años estuviera en la madrugada con armas y drogas en su poder (…) Otro es el caso de Francisco Javier, exgobernador de Tamaulipas, un juez de distrito le concedió de forma excesiva la suspensión definitiva en su favor”, criticó.
A los casos señalados, dijo, se sumaron los fallos a favor de Luis Antonio Yepez, hijo de “El Marro”, puesto en libertad a pesar de ser detenido con drogas y armas; el de José Alberto García, alias “La Kena”, líder Cártel del Golfo, respecto a quien un juez consideró no existían indicios suficientes para detenerlo.
Tras referirse al exgobernador Cabeza de Vaca, habló de Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente investigador del anteriormente llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, identificado como el presunto segundo tirador del caso Colosio, que se benefició con la negativa de un juez a girar orden de aprehensión en su contra.
De igual modo, refirió al caso del violador una niña de 4 años, liberado porque la víctima no pudo especificar los tocamientos que sufrió.
Es responsabilidad de los jueces que los resultados en el combate a la criminalidad no sean tan visibles, recriminó, al afirmar que se ha logrado reducir 24 por ciento la incidencia delictiva en el fuero federal, en comparación con el año 2018.
El homicidio se ha reducido en 18 por ciento, pero para que esos crímenes sean abatidos, dijo, se requiere una mayor colaboración del Judicial.
No temer a la reforma judicial
Pidió no temer a los cambios constitucionales que le devolverán la legitimidad a las decisiones judiciales.
Al respaldar la reforma dijo que se propone lograr una correcta impartición de justicia, que decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a derechos humanos.
Se pronunció a favor de que las modificaciones constitucionales incluyan mecanismos ágiles para emitir preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, discapacidad y víctimas de tortura.
También, que brinde apoyo a personas que no cuenten con abogados ni traductores en lenguas indígenas.
Como un segundo tema que fortalecerá la impartición de justicia y la seguridad en el país, dijo, está el redoblar la coordinación entre las autoridades de seguridad pública, Fuerzas Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como las fiscalías estatales, áreas antisecuestro y otras autoridades en la materia.
Rodríguez Velázquez añadió que la justicia en el país mejorará con el cambio de administración en el Poder Judicial.
Aseguró que en otros países como Suiza hasta los partidos políticos intervienen en la elección de jueces, y también se elige por voto popular a juzgadores en estados de la Unión Americana.
Los cambios planteados por el Presidente serán un parteaguas en el país y una oportunidad histórica para que los juzgadores recuperen la credibilidad perdida, finalizó.