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La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, que no participó en la Sesión en el Pleno durante la que se emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, registró una “moción de ilustración” para que fuera leída por la Mesa Directiva y dejar en evidencia su repudio a la aprobación del ordenamiento que argumentaron, está plagado de irregularidades.
La petición de MC no fue atendida por la Mesa Directiva, que ni siquiera hizo mención del asunto.
En ese marco, la diputada Laura Ballesteros sentenció que su partido no convalidará el “golpe de Estado” al Poder Judicial lanzado desde el Ejecutivo y la mayoría morenista en el Congreso.
“Nosotros no vamos a convalidar un fraude a la Constitución y a la ley y al reglamento de la Cámara de Diputados que han perpetrado Morena y sus aliados. Que no cuenten con nosotros, querer declarar aquí una reforma constitucional como si nada hubiera ocurrido es vergonzoso, es un golpe de Estado al Poder Judicial”, sentenció.
Ballesteros Mancilla afirmó que este viernes 13 de septiembre, el Legislativo está “de luto”.
Opciones legales para impugnar la reforma judicial
Recalcó que MC prepara recursos legales para contrarrestar la reforma.
Entre otras, señaló, están amparos y otras medidas legales que el equipo jurídico del partido y la bancada están analizando.
Indicó que aún hay posibilidad de que el Senado de la República pueda juntar 43 firmas de congresistas de la oposición para llevar a la Corte una acción de inconstitucionalidad.
Para esto, se requerirá que el senador expulsado del PAN, Miguel Ángel Yunes reconsidere su postura y se redima, aportando su firma.
También manifestó que los diputados están en desacato a órdenes judiciales que en días anteriores se emitieron, en las que se mandató no aprobar el ordenamiento y en caso de ser avalado, no turnarlo a Congresos estatales, y en caso de ser aprobado en las Legislaturas locales, no enviarlo al Ejecutivo para su publicación oficial.
La diputada Ballesteros manifestó que por ello, los congresistas podrían sufrir consecuencias legales.